El 15 de octubre participé, en representación de Jacarandas, en una audiencia en el Congreso sobre el proyecto de acto legislativo 114 de 2026. Allí pedimos su archivo por una razón fundamental, Colombia no puede regresar a la prohibición total del aborto. No hablamos de una diferencia menor entre posiciones políticas. Hablamos de la posibilidad de devolverles a las autoridades el poder de imponer la maternidad mediante la amenaza penal.
Durante veinte años, la Corte Constitucional ha construido una respuesta que reconoce la protección de la vida prenatal y los derechos de las mujeres. La sentencia C-355 de 2006 eliminó la prohibición absoluta mediante tres causales y la sentencia C-055 de 2022 que despenalizó el aborto hasta la semana 24 y mantuvo esas causales después de ese plazo. Esta trayectoria tiene un fundamento constitucional, las mujeres somos sujetos de derechos, con capacidad para decidir sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida.
Desconocer ese camino supone reducirnos otra vez a una función reproductiva. La maternidad debe ser una decisión libre, acompañada de garantías para quienes la eligen. Obligar a continuar un embarazo no convierte al Estado en protector, lo convierte en responsable de una imposición que compromete la salud, la dignidad y la autonomía.
La amenaza de cárcel tampoco es una abstracción. Según los datos entregados por la Fiscalía General de la Nación a Jacarandas, entre 2006 y 2026 se registraron 5.144 procesos por el delito de aborto. Entre 2010 y 2021 fueron 4.526, es decir, un promedio de 377 anuales, cuando ya existían tres causales de despenalización. Reconocer excepciones no bastó para impedir la persecución.
Entre 2022 y 2025, el promedio bajó a aproximadamente 112 procesos anuales, una reducción cercana al 70 %. La comparación no explica, por sí sola, todas las causas del descenso, pero muestra una disminución relevante tras la ampliación de la despenalización. Aun así, en esos cuatro años se abrieron 446 procesos: aproximadamente uno cada tres días. La criminalización sigue presente.
Hay un dato especialmente preocupantes, los registros reportados incluyen a 585 adolescentes entre 14 y 17 años. Estar vinculada a un proceso no equivale a una condena, pero sí puede significar miedo, estigma y exposición institucional. ¿Por qué insistir en ampliar el castigo sobre quienes necesitan información, atención y protección? ¿Qué prioridades expresa un Estado que investiga decisiones reproductivas mientras tantas víctimas de violencia esperan justicia?
También debemos hablar de las consecuencias de cerrar las puertas del sistema de salud. Pensemos en una niña de doce años embarazada como consecuencia de una violación. No es necesario inventar una historia para comprender la injusticia de imponer la maternidad. Su protección exige escucharla, garantizar atención y evitar que las instituciones prolonguen la violencia sufrida.
En Jacarandas hemos asesorado a 17.000 mujeres sobre aborto. Según nuestros registros, el 92 % de los abortos registrados ocurre durante el primer trimestre. Son datos de nuestro acompañamiento, no una estimación nacional. Detrás de ellos hay decisiones concretas y una necesidad compartida: recibir información oportuna y atención sin humillaciones ni amenazas.
El Congreso debería concentrarse en remover barreras, prevenir las violencias sexuales y garantizar maternidades libres y seguras. Reabrir la puerta a la prohibición total compromete conquistas constitucionales y profundiza desigualdades: quienes tienen menos recursos enfrentan mayores obstáculos para proteger su salud y ejercer sus derechos.
Por eso pedimos el archivo del proyecto. Defender el aborto es defender la posibilidad de decidir, incluida la de ser madre. La protección de la vida exige tomar en serio la vida de las mujeres, sus circunstancias y su libertad. No podemos aceptar que el lenguaje de la protección sirva para justificar nuevas formas de persecución. El aborto es un derecho. Ni un paso atrás.
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