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Las mujeres hacemos presencia en diferentes escenarios políticos, desde liderazgos en los barrios hasta presidencias; pero en cada uno de estos espacios, podemos evidenciar un patrón que, muchas veces, se ignora o se ha normalizado: invisibilizar, juzgar o silenciar nuestras voces. Y aunque durante décadas se quiso ignorar esta problemática, hoy sabemos que es una barrera para que las mujeres no participemos de espacios donde tenemos derecho a estar.
Las formas que toma esta violencia son múltiples, y van desde interrupciones constantes en espacios de diálogo o toma de decisiones, hasta acciones de ridiculización, menosprecio y descalificación que buscan poner en tela de juicio nuestra credibilidad y autoridad. También la vivimos en el ámbito de lo digital, con difamación, ciberacoso y campañas de desprestigio por redes sociales, donde se utilizan ataques personales, amenazas e información falsa para intimidar y forzar el retiro de la vida pública de las lideresas.
La violencia política se ha vuelto tan común y ha estado presente en nuestro día a día, que pasa desapercibida y es asumida como parte del "costo" de la participación, o lo que es más alarmante, se ha normalizado. Esto minimiza el gran impacto que tienen estas dinámicas, en la posibilidad de que más mujeres ejerzamos nuestros derechos políticos. Es por eso, que resulta fundamental, reconocerla y nombrarla para poder hacerle frente.
En Colombia, contamos con la Ley 2453 de 2025, que aborda la violencia política como una manifestación de violencia de género. Esta legislación, además de histórica, es crucial, ya que exige la implementación de mecanismos para su prevención, atención, sanción y acompañamiento a las víctimas. Además, esta ley establece pautas específicas, como rutas de denuncia, medidas de protección, y procedimientos para la investigación y el seguimiento de estos casos.
Sin embargo, que esta ley entre en vigencia hasta 2025, refleja la deuda histórica del Estado con nuestra participación en la política. Mientras este accionar sistemático ha sido una constante en la vida de muchas, el reconocimiento y protección jurídica llegó tarde, casi como una respuesta acumulada a décadas de omisión. Además, no es casualidad esta tardanza, puesto que Colombia tiene un historial de barreras estructurales que han limitado la participación política de las mujeres; no podemos olvidar que fue uno de los últimos países de América Latina en reconocer el voto femenino. La vigencia tardía de la Ley 2453 expone, que no solo existe una deuda legal, sino también, una deuda democrática que aún sigue en proceso de reparación.
La política no puede continuar siendo un espacio que nos genere afectaciones en nuestro diario vivir; ser participantes activas en nuestros territorios, no debería implicar aguantar o sentir que debemos trabajar el doble para “merecer”, y es que cada vez que somos silenciadas, apartadas o violentadas en un escenario político, se genera un impacto no solo en lo individual sino también en lo colectivo.
Es un compromiso, de quienes habitamos todos estos escenarios de participación, partidos, organizaciones sociales, liderazgos comunitarios, equipos de campaña y ciudadanía en general; realizar ejercicios de prevención, sensibilización y sobre todo acompañamiento y veeduría, para garantizar espacios donde podamos participar seguras. Porque la política no puede seguir siendo un espacio de resistencia, sino un derecho pleno.
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