A partir de mayo del 2026, la Línea Jacarandas amplió sus opciones de atención para incluir una ruta específica de orientación ante casos de Violencia de Género Digital (VGD). Nuestra profundización en este tema, como venimos mencionando previamente, responde al creciente número de consultas relacionadas con esta modalidad de violencia, así como una preocupación directa sobre el constante surgimiento de nuevas herramientas y expresiones de esta violencia mediada por la tecnología. Con el propósito de complementar la información obtenida a partir de las consultas atendidas por la Línea y explorar el panorama de atención del Estado que enfrentan las víctimas, decidimos indagar de manera directa con la institucionalidad encargada a nivel nacional.

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Para ello, remitimos en mayo del presente año derechos de petición al Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, el Centro Cibernético Policial (CAI Virtual) de la Policía Nacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Igualdad y Equidad. Nuestras preguntas indagaban por el grado de implementación de acciones frente a la VGD, la existencia de rutas de atención y mecanismos de protección, la producción de información institucional y las condiciones de acceso a la justicia para las víctimas.

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Es importante mencionar que las respuestas de estas entidades reflejan el panorama institucional previo al cambio de gobierno que tuvo lugar en agosto del 2026. Esto es especialmente relevante ante las transformaciones institucionales posteriores y el cambio en la orientación del Gobierno Nacional frente a las agendas de género y diversidad, que plantean nuevos interrogantes sobre la continuidad y profundización de las capacidades estatales que aquí competen.

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_{En conjunto, las respuestas muestran que la VGD ha logrado un reconocimiento conceptual importante en las instituciones del Estado. Ninguna de las entidades consultadas la reduce exclusivamente a un problema de delitos informáticos. Por el contrario, existe un consenso creciente en reconocerla como una manifestación de las violencias basadas en género que vulnera derechos como la dignidad, la intimidad, la autonomía y la igualdad. Sin embargo, este reconocimiento aún no se traduce, a nivel general, en capacidades institucionales especializadas para atender las particularidades del fenómeno. La mayoría de las entidades reportaron que continúan respondiendo mediante acciones planteadas desde una perspectiva general de violencia basada en género, adaptando rutas, protocolos y mecanismos preexistentes en lugar de desarrollar respuestas específicas para las dinámicas propias de los entornos digitales.}

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¿Existen rutas para la violencia digital?

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Esta brecha de especialización se puede observar en el sistema de justicia. Aunque el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional han incorporado la violencia digital o la perspectiva de género en algunos de sus instrumentos, no cuentan con mecanismos de registro que permitan identificar y hacer seguimiento diferenciado a estos casos. El Ministerio de Justicia y del Derecho reconoce esta limitación al señalar que no existe una ruta nacional especializada y que los casos continúan siendo atendidos mediante las rutas generales previstas para las violencias basadas en género.

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La respuesta de la Fiscalía complementa este panorama desde el ámbito de la investigación penal. Aunque la entidad logró identificar noticias criminales asociadas al acoso y la violencia digitales, su respuesta no evidencia una ruta investigativa, protocolo o mecanismo especializado para abordar la VGD como fenómeno diferenciado. En cambio, los casos aparecen distribuidos entre distintos tipos penales, lo que sugiere que su abordaje continúa dependiendo de las categorías y procedimientos generales del sistema penal.

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En el caso del ICBF, aunque se reconoce que las violencias contra niños, niñas y adolescentes pueden ocurrir en entornos digitales, su atención también se realiza mediante los mecanismos generales de protección y restablecimiento de derechos, sin procedimientos diferenciados.

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Registro y caracterización de la VGD

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Uno de los hallazgos más consistentes corresponde a las limitaciones en la producción de información. Tanto el Consejo Superior de la Judicatura como el ICBF señalaron que sus sistemas de información no cuentan con categorías específicas para registrar casos de VGD, mientras que la Corte Constitucional indicó que, aunque dispone de bases de datos sobre acciones de tutela, estas no se encuentran sistematizadas para identificar este tipo de violencia de manera diferenciada. Una limitación similar aparece en la respuesta de la Fiscalía: aunque la entidad cuenta con información sobre noticias criminales asociadas al acoso y la violencia digitales, estas se identifican a partir de tipos penales generales. Esto dificulta determinar qué casos corresponden efectivamente a esta forma de violencia y caracterizarlos desde una perspectiva de género, especialmente porque una parte considerable de los registros carece de información sobre las víctimas. En consecuencia, aunque existen registros administrativos relevantes, las instituciones reconocen que las limitaciones de los sistemas de información dificultan dimensionar con precisión la incidencia del fenómeno y comprender sus características.

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Este panorama contrasta con la experiencia del Ministerio de Igualdad y Equidad, cuya respuesta representó el avance institucional más significativo que identificamos. A través del Sistema Salvia, la entidad incorporó una categoría específica para registrar la VGD, permitiendo documentar múltiples violencias concurrentes, niveles de riesgo feminicida, recurrencia de las agresiones y acciones desplegadas para cada caso. Asimismo, reportó 414 registros entre noviembre de 2024 y abril de 2026, constituyendo una de las pocas fuentes oficiales que actualmente produce información diferenciada sobre este fenómeno. No obstante, incluso esta experiencia reconoce que persiste un importante subregistro derivado de su metodología de recolección de información. El Sistema Salvia recoge y reporta sus estadísticas a partir de los casos atendidos en la Línea 155, destinada a orientar a mujeres víctimas de violencia basada en género a nivel nacional. De esta manera, la información se encuentra limitada por las dificultades para identificar los casos y promover la denuncia, lo cual profundiza la dificultad de caracterizar plenamente la magnitud de la VGD en el país.

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Sin embargo, este hallazgo debe leerse a la luz de las transformaciones institucionales ocurridas después de nuestra investigación. Entre la fecha de recepción de la respuesta del Ministerio de Igualdad y Equidad y la publicación de este articulo, dicho Ministerio ha sido liquidado, por lo cuál la continuidad del Sistema SALVIA y de la Línea 155 entró en un periodo de incertidumbre administrativa y presupuestal. En octubre, el Gobierno anunció la recuperación de recursos para garantizar su funcionamiento y el traslado del sistema al Ministerio del Interior. Aunque el sistema se mantiene en funcionamiento actualmente, a la segunda semana de noviembre todavía no se han hecho públicos los actos administrativos que formalicen la transferencia de sus funciones, ni la información presupuestal que permitirá verificar las condiciones de su financiación. A esto se suma que el decreto de liquidación contempla el traslado de funciones bajo un esquema de gasto existente o «costo cero».

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Estas indefiniciones generan especial preocupación por la continuidad de una de las pocas capacidades institucionales identificadas para registrar y hacer seguimiento diferenciado a la VGD. Más allá de mantener en funcionamiento la Línea 155, resulta fundamental garantizar la preservación de las herramientas de registro, valoración del riesgo, seguimiento y articulación institucional desarrolladas por el sistema, cuya continuidad todavía no cuenta con garantías públicamente verificables. Las decisiones sobre el mantenimiento y traslado del Sistema Salvia, así como el futuro de diversos avances relacionados con la garantía de derechos para mujeres y personas diversas, se encuentran en manos de los responsables asignados por la nueva presidencia, cuyas agendas tienden a limitar y oponer estos intereses.

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En todo caso, los hallazgos institucionales dialogan con la producción del conocimiento sobre este fenómeno. La evidencia sugiere que la VGD no puede limitarse a la activación de rutas institucionales una vez ocurrida la agresión, sino que requiere fortalecer procesos de alfabetización digital, prevención y apropiación de derechos. Protocolos internacionales como los de ACNUR Ecuador y la Fundación Internet Bolivia coinciden en que muchas víctimas desconocen las formas en que puede manifestarse esta violencia, las herramientas disponibles para proteger su seguridad y privacidad, los mecanismos para documentar evidencia y los recursos legales e institucionales a los que pueden acudir. Por ello, la educación en materia de consentimiento, autonomía, seguridad y uso ético de las tecnologías constituye un componente central de cualquier estrategia de atención integral.

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De la prevención a la respuesta integral

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Las respuestas también evidencian una tendencia común en materia de implementación. Tanto MinTIC como el CAI Virtual concentran buena parte de su actuación en procesos de prevención, alfabetización digital, orientación ciudadana y remisión hacia otras autoridades. Si bien estas funciones resultan fundamentales para fortalecer la capacidad de respuesta, las propias entidades reconocen que la atención especializada, la investigación de la mayoría de las conductas y el acompañamiento integral de las víctimas exceden sus competencias institucionales.

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Otro aspecto relevante es que las respuestas institucionales muestran todavía una comprensión reactiva, más que nada, de la VGD. Aunque varias entidades mencionan medidas de protección, acompañamiento o articulación interinstitucional, escasamente relacionan mecanismos específicos para afrontar problemáticas propias del entorno digital, como la preservación de evidencia electrónica, la remoción de contenidos, la coordinación con plataformas tecnológicas o la reducción inmediata de la circulación de material íntimo. Si bien el CAI Virtual reporta algunas posibilidades de gestión de contenidos ante plataformas, estas son una excepción dentro de un panorama institucional en el que predominan la orientación, la remisión y la aplicación de mecanismos generales. Incluso en los casos en que se reconoce que estas necesidades existen, las instituciones continúan remitiendo a instrumentos generales diseñados para otras formas de violencia. Esta situación resulta especialmente relevante si se considera que uno de los principales rasgos de la violencia digital es la rapidez con la que el daño puede amplificarse y persistir mediante la reproducción indefinida de contenidos en línea.

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En este contexto, las respuestas evidencian que, aunque existe un reconocimiento creciente de la VGD, persisten limitaciones para traducirlo en una respuesta institucional adaptada a las particularidades del fenómeno. La ausencia de rutas especializadas, protocolos diferenciados y categorías específicas de registro no solo dificulta su caracterización y contribuye al subregistro, sino que podría incidir en la experiencia de las víctimas al enfrentar la violencia y buscar apoyo institucional, generando recorridos fragmentados, múltiples remisiones o respuestas que no atiendan adecuadamente las particularidades del daño digital. En conjunto, estos hallazgos señalan la necesidad de fortalecer capacidades institucionales que respondan tanto a las características específicas del entorno digital como a las necesidades de las víctimas durante su recorrido por las rutas de atención.

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El panorama aquí descrito antecede al inicio del nuevo Gobierno, y por tanto, suma a nuestra preocupación sobre el desarrollo y manejo de casos de violencia basada en género a nivel nacional. En un panorama institucional que ya presentaba importantes vacíos para responder a la VGD, posibles retrocesos en las políticas de género podrían profundizar las barreras que enfrentan las víctimas para acceder a información, protección y atención adecuada. Además de la incertidumbre institucional, el nuevo Gobierno y algunos de sus funcionarios han expresado posiciones contrarias a las agendas de género y diversidad, mientras se han respaldado iniciativas dirigidas a revisar o restringir políticas relacionadas con estos derechos. Este escenario genera enciende alertas no solo frente a la posibilidad de desarrollar las capacidades especializadas que, como muestra esta investigación, todavía hacen falta, sino también frente a la continuidad de los avances ya alcanzados.

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