La Corte Constitucional ¿en retroceso?

La Corte Constitucional ha sufrido una profunda transformación en menos de doce meses tras la elección de cinco de sus nueve magistrados/as. La pregunta que surge ante esta renovación es: ¿Son las nuevas personas que integran la Corte un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQ+? Todo es tan grave como lo manifestó el presidente Gustavo Petro en varios de sus mensajes públicos después de la elección de Carlos Camargo, como magistrado titular de la Corte Constitucional, ¿La dictadura constitucional llegó para quitarnos todo?

El rumbo preocupante de la Corte

La Corte Constitucional ha sido fundamental en los últimos 30 años en el reconocimiento y la garantía de los derechos de las mujeres y personas LGBTQ+ en Colombia. Sin sus decisiones no tendríamos derecho al aborto, reconocimiento del matrimonio igualitario, derechos para las personas trans,  protección del escrache en las denuncias de acoso, entre otros innumerables avances. Pero todo no está perdido, la Corte ha perdido diversidad y un poco de legitimidad. La defensa de la Constitución Política y de los derechos fundamentales parecen estar lejos de las banderas de Petro y su agenda, que incluso están buscando una Asamblea Nacional Constituyente. 

Aunque, ya no estamos ante una institución tan respetada como en el pasado porque algunos de sus integrantes son bastante cuestionables. La pérdida de diversidad se evidencia en la falta de equidad de género dentro de la Corte. Quedaron nueve magistrados y magistradas, de los cuales seis son hombres y sólo tres mujeres. Esto confirma las profundas dificultades que enfrentan las mujeres en cargos judiciales, donde la desigualdad es aún muy marcada y el techo de cristal resulta más difícil de romper.

Camargo, una de varias decisiones cuestionables

En cuanto a la legitimidad, esta también se ha visto afectada. Carlos Camargo es uno de los abogados más cuestionados del país, y durante su proceso de selección para la Corte Constitucional, salieron a la luz varios hechos que ponen en duda su transparencia. La Silla Vacía reveló que el 41% de los miembros de la Corte Suprema de Justicia que ternaron a Camargo habían recibido beneficios o nombramientos durante su paso por la Defensoría del Pueblo. No obstante, su nombramiento cada vez más amarrado por cargos y corrupción fue inamovible al momento de declarar impedimentos y apelar a la transparencia. 

Asimismo, otro aspecto que ha generado cuestionamientos es la legitimidad por procesos judiciales en curso contra algunos magistrados. Vladimir Fernández Andrade y Jorge Enrique Ibáñez Najar enfrentan demandas relacionadas con  paternidades irresponsables. Cabe destacar que, días antes de la elección, se informó que Vladimir Fernández fue condenado por negación de paternidad, además de estar vinculado a violencia doméstica. Jorge Ibáñez, por su parte, tiene un proceso por desconocimiento de su hijo y, además, se perdió el expediente, según una investigación reciente de Juan Pablo Barrientos y José Alejandro Castaño. En el caso de Ibáñez la situación es más preocupante porque actualmente ostenta la presidencia de la Corte. 

Adicionalmente, existe incertidumbre sobre la estabilidad y el equilibrio de poderes en las decisiones relacionadas con la duración en el cargo. Héctor Alfonso Carvajal Londoño, magistrado ternado por el presidente, no podrá terminar su período por cuestiones de edad. La norma establece un retiro forzado a los 70 años, y él actualmente tiene 66. Desde antes de su elección, se advirtió el riesgo que implicaba su edad y la posibilidad de que se modifiquen las reglas en medio de su periodo, como lo expresó el constitucionalista Rodrigo Uprimny. 

Hay varias demandas en curso contra la elección de Camargo y de otros magistrados. Esas demandas determinarán quién se va y quién se queda, pero al final lo más posible es que nada pase o se demoren años para decidir. Mientras el Consejo de Estado decide no está claro que los derechos de las mujeres y personas LGBTQ+ están en riesgo. Por la información conocida hasta ahora pareciera que la mayoría de los y las magistradas nuevas tienen independencia judicial y todavía existen unas mayorías que defienden el precedente de la igualdad y no discriminación. 

¿Y los derechos sexuales y reproductivos?

En aborto por ejemplo, que es un tema de alta controversia a nivel constitucicnal, los datos muestran que la Corte Constitucional sigue teniendo mayorías a favor de la igualdad, salud y autonomía reproductiva. Así lo han dejado ver en las recientes decisiones relacionadas con tutelas de casos concretos en que se ha negado el acceso o la calidad y la Corte ha fallado de forma favorable a las accionantes.

La defensa por nuestros derechos sigue vigente en aborto y en cada tema que cambie la vida de las mujeres y personas LGBTQ+. La Corte tiene el reto de demostrar su independencia y desde la ciudadanía estamos activas para denunciar cualquier cambio que altere la transparencia, la independencia judicial y la imparcialidad de sus decisiones. Defender la Constitución es tarea de toda la ciudadanía. 

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