Más enfermería. Menos barreras. Más derechos.

La resolución 1575 de 2026 trae un cambio importante para la atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Colombia: reconoce y fortalece el papel del personal de enfermería ¿Y por qué importa? Porque cuando más profesionales de salud cuentan con las competencias para atender una IVE, se pueden reducir barreras y acercar los servicios a quienes los necesitan, especialmente en territorios donde acceder a atención especializada sigue siendo difícil.

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¿Qué dice la nueva resolución?

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La nueva resolución reconoce que las y los profesionales de enfermería con la formación y competencias necesarias pueden participar activamente en la atención integral de la IVE, incluyendo la atención farmacológica, realización de AMEU, además de lo que ya hacemos de la valoración, orientación y seguimiento.

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Esto no significa solamente ampliar funciones. Significa reconocer a enfermería como parte fundamental de una atención basada en evidencia, autonomía y derechos. Una persona que decide abortar tiene derecho a recibir información clara, atención segura, confidencialidad y un trato digno, sin juicios ni obstáculos innecesarios.

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Desde una mirada de derechos humanos, este cambio importa porque ampliar quiénes pueden garantizar una IVE segura también es una forma de redistribuir el acceso a la salud. El derecho a decidir no debería depender del código postal, del dinero disponible para viajar o de encontrar un especialista en una ciudad lejana.

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‍¿Qué sigue?

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Nos queda un gran reto, aunque la resolución abre la puerta todavía falta un paso clave. El Ministerio de Salud debe expedir, dentro de los tres meses siguientes a su publicación, los lineamientos técnicos específicos para que el personal de enfermería pueda ejecutar los procedimientos relacionados con la IVE.

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Esta es una tarea que queda para el Gobierno entrante: hacer realidad lo que la norma ya reconoce. Los lineamientos deben ser claros, basados en evidencia y garantizar que las profesionales de enfermería tengan formación, respaldo institucional y condiciones seguras para ejercer sus competencias.

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Ahora el reto es pasar de la norma a la práctica. Y ahí también hay una tarea ciudadana: hacer seguimiento para que el Ministerio cumpla el plazo, publique las orientaciones y garantice que enfermería pueda asumir este rol con formación, respaldo institucional y condiciones dignas para cuidar y garantizar derechos.

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Desde Jacarandas celebramos este avance y seguiremos haciendo seguimiento para que la ampliación de derechos no se quede en el papel. Porque garantizar el derecho a decidir también significa garantizar quién puede cuidar, acompañar y atender.

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