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La resolución 1575 de 2026 trae un cambio importante para la atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Colombia: reconoce y fortalece el papel del personal de enfermería ¿Y por qué importa? Porque cuando más profesionales de salud cuentan con las competencias para atender una IVE, se pueden reducir barreras y acercar los servicios a quienes los necesitan, especialmente en territorios donde acceder a atención especializada sigue siendo difícil.
¿Qué dice la nueva resolución?
La nueva resolución reconoce que las y los profesionales de enfermería con la formación y competencias necesarias pueden participar activamente en la atención integral de la IVE, incluyendo la atención farmacológica, realización de AMEU, además de lo que ya hacemos de la valoración, orientación y seguimiento.
Esto no significa solamente ampliar funciones. Significa reconocer a enfermería como parte fundamental de una atención basada en evidencia, autonomía y derechos. Una persona que decide abortar tiene derecho a recibir información clara, atención segura, confidencialidad y un trato digno, sin juicios ni obstáculos innecesarios.
Desde una mirada de derechos humanos, este cambio importa porque ampliar quiénes pueden garantizar una IVE segura también es una forma de redistribuir el acceso a la salud. El derecho a decidir no debería depender del código postal, del dinero disponible para viajar o de encontrar un especialista en una ciudad lejana.
¿Qué sigue?
Nos queda un gran reto, aunque la resolución abre la puerta todavía falta un paso clave. El Ministerio de Salud debe expedir, dentro de los tres meses siguientes a su publicación, los lineamientos técnicos específicos para que el personal de enfermería pueda ejecutar los procedimientos relacionados con la IVE.
Esta es una tarea que queda para el Gobierno entrante: hacer realidad lo que la norma ya reconoce. Los lineamientos deben ser claros, basados en evidencia y garantizar que las profesionales de enfermería tengan formación, respaldo institucional y condiciones seguras para ejercer sus competencias.
Ahora el reto es pasar de la norma a la práctica. Y ahí también hay una tarea ciudadana: hacer seguimiento para que el Ministerio cumpla el plazo, publique las orientaciones y garantice que enfermería pueda asumir este rol con formación, respaldo institucional y condiciones dignas para cuidar y garantizar derechos.
Desde Jacarandas celebramos este avance y seguiremos haciendo seguimiento para que la ampliación de derechos no se quede en el papel. Porque garantizar el derecho a decidir también significa garantizar quién puede cuidar, acompañar y atender.
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