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Una violencia que el país tardó demasiado en reconocer
Aunque existe un sesgo hacia la Mutilación Genital Femenina como una práctica oriunda de África o países de Asia occidental, la verdad es que en Colombia lleva siendo una realidad hace mucho. La mutilación genital femenina comprende diferentes procedimientos que alteran o lesionan los genitales de niñas y mujeres por razones no médicas. La Organización Mundial de la Salud la reconoce como una violación de los derechos humanos y advierte que puede provocar hemorragias, infecciones, dolor crónico, trastornos psicológicos, complicaciones obstétricas e incluso la muerte.
Durante años, esta realidad permaneció prácticamente invisible para el resto del país. Solo empezó a ocupar un lugar en la conversación pública en 2007, cuando murieron dos niñas emberá por complicaciones asociadas a esta práctica. Desde entonces quedó claro que el silencio también tenía consecuencias.
Según el Instituto Nacional de Salud, entre 2020 y septiembre de 2024 se registraron 151 casos sospechosos de mutilación genital femenina en menores de edad. Son cifras preocupantes, pero probablemente incompletas. Muchas organizaciones han advertido que el subregistro sigue siendo uno de los principales obstáculos para dimensionar el problema.
La ley entiende que proteger a las niñas no empieza en un juzgado
Uno de los mayores aciertos de este proyecto es que entiende que ninguna violencia desaparece únicamente porque exista una sanción.
La nueva ley crea una política pública nacional para prevenir y erradicar la mutilación genital femenina, fortalece las rutas de prevención, atención y protección, establece protocolos obligatorios para el sistema de salud y ordena la capacitación del personal médico para identificar oportunamente los casos.
También crea un comité nacional encargado de coordinar la respuesta institucional, exige reportes periódicos sobre riesgos y casos, fortalece los canales de atención del Ministerio de Justicia y garantiza recursos para que la implementación no dependa únicamente de la voluntad política de cada gobierno.
Además, la ley incorpora un enfoque intercultural. Eso significa que el Estado deberá trabajar de manera articulada con las autoridades indígenas y promover procesos de transformación construidos con las comunidades, no impuestos sobre ellas. Esa decisión reconoce algo fundamental: las prácticas culturales cambian cuando las comunidades participan en ese cambio, especialmente las mujeres que durante años han liderado estas conversaciones desde adentro.
Esta victoria tiene muchos nombres
Las leyes no aparecen por generación espontánea. Este proyecto fue impulsado por las congresistas Carolina Giraldo, Jennifer Pedraza, Alexandra Vásquez, Angélica Lozano, Marelen Castillo y el representante Christian Garcés, pero también es el resultado del trabajo de lideresas emberá, organizaciones de mujeres, profesionales de la salud, Fundación PLAN, UNFPA y muchas personas que insistieron durante años en que el país no podía seguir ignorando esta violencia.
Durante mucho tiempo, la conversación pública redujo este tema a un falso dilema entre derechos humanos y respeto por la diversidad cultural. Las propias mujeres indígenas demostraron que esa era una discusión incompleta. Defender la vida, la salud y la autonomía de las niñas también puede hacerse desde el diálogo, el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas y la transformación comunitaria.
En el mundo, más de 230 millones de niñas y mujeres han sobrevivido a la mutilación genital femenina y Naciones Unidas estima que otros 27 millones de niñas podrían estar en riesgo durante los próximos cinco años si los Estados no fortalecen sus estrategias de prevención.
Durante años nos acostumbramos a hablar de la mutilación genital femenina como si fuera un problema lejano, excepcional o imposible de transformar. Esta ley demuestra lo contrario. Demuestra que cuando las mujeres organizadas, las lideresas indígenas, el personal de salud y las instituciones trabajan juntas, incluso las violencias más naturalizadas pueden empezar a desaparecer.
Todavía queda el reto más difícil: que la ley se implemente, que llegue a los territorios y que ninguna niña vuelva a enfrentar esta práctica por falta de información, atención o presencia del Estado. Las leyes, por sí solas, no cambian la realidad. Pero sí pueden cambiar lo que un país decide tolerar.
Durante demasiado tiempo Colombia convivió con esta violencia sin una respuesta integral. Hoy, por fin, el mensaje es otro: el cuerpo de las niñas no es un lugar donde puedan negociarse tradiciones, silencios o ausencias institucionales. Es un territorio de derechos. Y protegerlo siempre será una responsabilidad colectiva.
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