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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reconoció que las instituciones de salud tienen la obligación de proteger de manera estricta la información relacionada con la salud sexual y reproductiva y ordenó a la Asociación Indígena del Cauca (AIC EPSI) y al Hospital Departamental San Antonio de Padua adoptar medidas concretas para garantizar la confidencialidad de estos datos.
¿Cómo se reconoció?
Esta decisión se produjo gracias a una queja presentada de manera anónima por una mujer acompañada por la Fundación Jacarandas. El caso comenzó cuando ella acudió a una institución de salud para solicitar una interrupción voluntaria del embarazo. Desde el inicio manifestó expresamente al personal médico, administrativo y de enfermería que no autorizaba que se informara a terceras personas sobre su embarazo, su decisión de abortar o el procedimiento solicitado.
Sin embargo, la autorización del servicio fue sometida a la intervención de autoridades de su comunidad. Una funcionaria de la AIC EPSI le informó que la solicitud debía ser discutida colectivamente para determinar si podía o no acceder al aborto. Días después, una autoridad comunitaria la contactó y le dijo que había recibido información sobre su solicitud y que necesitaba hablar con ella, con integrantes de su familia y con otras personas antes de tomar una decisión. Todo esto ocurrió pese a que la mujer había pedido, de manera clara y reiterada, que su información no fuera divulgada.
Ante estos hechos, Jacarandas acompañó a la mujer a presentar una queja ante la SIC por la vulneración de la confidencialidad, la seguridad y la privacidad de datos sensibles relacionados con el aborto. Sostuvimos que la información sobre un embarazo y sobre la decisión de interrumpirlo pertenece a la esfera más íntima de una persona, está sometida a reserva y no puede circular sin su autorización, salvo en los casos estrictamente previstos por la ley.
Después de adelantar la investigación administrativa, la SIC concluyó que ni el Hospital San Antonio de Padua ni la AIC EPSI demostraron haber implementado medidas técnicas, humanas y administrativas suficientes para proteger adecuadamente los datos personales. La SIC fue clara en señalar que las reglas internas de una institución no pueden ampliar las personas autorizadas para conocer datos sensibles ni desconocer el principio de circulación restringida. La información relacionada con el aborto pertenecen a la vida privada y exige una protección reforzada. La pertenencia a un pueblo indígena no elimina el derecho de una mujer a decidir quién puede conocer esa información ni permite que su solicitud de aborto sea divulgada a su familia, a su comunidad o a las autoridades sin una habilitación legal o su consentimiento.
Como resultado, la SIC ordenó al Hospital Departamental San Antonio de Padua implementar un sistema integral de protección de datos personales, crear una política de tratamiento de la información ajustada a la ley, modificar sus procedimientos para la atención de servicios que involucren datos sensibles y desarrollar un programa de formación para su personal.
¿Qué sigue para la AIC EPSI?
A la AIC EPSI le ordenó implementar un sistema de protección de datos que garantice los principios de legalidad, libertad, seguridad, confidencialidad y circulación restringida. Además, deberá modificar su política para que la información solo sea suministrada a las personas autorizadas por su titular o legitimadas estrictamente por la ley, ajustar los procedimientos para obtener autorización en el tratamiento de datos sensibles, publicar adecuadamente su aviso de privacidad y desarrollar procesos de sensibilización y formación para sus colaboradoras y colaboradores. Ambas entidades deberán acreditar ante la SIC el cumplimiento de las órdenes dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la resolución.
Esta decisión es importante porque reafirma que proteger el derecho al aborto también implica proteger la intimidad. Cuando una institución divulga que una persona está embarazada o que ha solicitado un aborto, la expone a señalamientos, presiones, violencias y posibles represalias. La falta de confidencialidad puede convertirse, además, en una barrera de acceso en la medida en que si las mujeres y personas gestantes temen que su información será compartida, pueden desistir de acudir a los servicios de salud o verse obligadas a buscar alternativas por fuera del sistema.
También es una decisión relevante para la protección de los derechos de las mujeres indígenas. El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural no puede utilizarse para desconocer su autonomía, su intimidad ni su derecho a tomar decisiones sobre el propio cuerpo. La coordinación entre el sistema de salud y las autoridades indígenas debe respetar los derechos fundamentales y no puede convertir una decisión personal en un asunto sometido al conocimiento o aprobación de terceras personas.
En Jacarandas celebramos este resultado porque demuestra la importancia de acompañar, denunciar y exigir transformaciones institucionales. Aunque ninguna decisión puede borrar la vulneración vivida, las órdenes impartidas tienen la capacidad de evitar que otras mujeres atraviesen situaciones similares y de cambiar la manera en que estas instituciones protegen la información de todas sus pacientes y afiliadas.
Seguiremos trabajando para que ninguna persona tenga que pedir permiso para decidir sobre su cuerpo y para que buscar información o atención en aborto nunca signifique renunciar a su privacidad. La decisión es de cada persona. Su información también.
Si al solicitar un aborto divulgaron tu información sin autorización, involucraron a tu familia, comunidad o autoridades en la decisión, o vulneraron tu intimidad y confidencialidad, puedes escribir a la Línea Jacarandas.Allí brindamos orientación y acompañamiento legal gratuito para este tipo de casos. No estás sola.
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