Un largo camino, barreras territoriales que limitan el acceso al aborto en Colombia

“Resulta que tengo 18 semanas pero el proceso que requiero no me lo hacen acá porque no hay anestesiólogo, debo viajar a Cali, pero me queda muy complicado” 

La Línea Jacarandas, es una linea que brinda información y orientación para mujeres y personas gestantes que buscan información confiable sobre aborto. Hasta la fecha, ha respondido más de 11.000 consultas relacionadas con dudas sobre el procedimiento y las rutas de acceso. A lo largo de estos años de atención, se han evidenciado situaciones donde las personas deben movilizarse hacia las principales ciudades del país para poder realizar un aborto, debido a que sus territorios de origen carecen del nivel de atención necesario.

¿Cómo acceder si no se pueden movilizar?

En Colombia, el aborto es un derecho garantizado; sin embargo, se ha logrado evidenciar que muchas mujeres y personas gestantes aún se encuentran con la falta de servicios en sus ciudades y con el alto costo de movilizarse para realizar el procedimiento; esto demuestra que el acceso real sigue siendo un desafío que requiere un trabajo continuo. Los 3 años que lleva de implementación la sentencia C-055 de 2022, demuestra que lo contemplado en la norma y la práctica del día a día no concuerdan, puesto que dejan de lado las diversas problemáticas territoriales y sociales, revelando las limitaciones del sistema de salud y también la negligencia del estado, que afectan de manera particular a quienes habitan en contextos rurales y periféricos, entre ellos a las comunidades afrodescendientes e indígenas.

El aborto puede llevarse a cabo a través de dos métodos principales: farmacológico y quirúrgico. El primero suele realizarse en casa con la posibilidad de una asesoría virtual, siempre y cuando existan condiciones adecuadas de conectividad y acceso a información confiable. Por su parte, el método quirúrgico, corresponde a un procedimiento ambulatorio, lo que permite que, sea un proceso de corta duración. Sin embargo, cuando estas opciones se sitúan en contextos donde los centros de salud no cuentan con la capacidad suficiente para atender la demanda, o donde el acceso a profesionales capacitados es reducido, se generan barreras para garantizar el derecho al aborto. Estas condiciones profundizan las desigualdades.

El obstáculo burocrático

Además de las limitaciones médicas y tecnológicas, las barreras económicas y administrativas también pesan en el acceso. Las EPS deben cubrir los costos de transporte para el acceso a servicios de salud que no están disponibles en su ciudad, pero en la práctica, este apoyo es mínimo y difícil de obtener; los trámites suelen ser complicados, con muchos requisitos que hacen demorar la solicitud. Las barreras administrativas y la falta de voluntad institucional hacen que, en la mayoría de los casos, quienes quieran acceder a un aborto, tengan que asumir los costos de transporte, representando una inequidad frente al acceso.

Para el 2023, Medicos sin fronteras  llevó a cabo un proyecto de salud comunitaria en Nariño y Chocó, donde se percataron de la existencia de barreras  geográficas y económicas que, sumados al estigma y la desinformación, representaban un riesgo en la vida de quienes querían acceder a un aborto; una de las coordinadoras del proyecto mencionó lo siguiente: “Algunas quisieran interrumpir su embarazo, pero tienen varios obstáculos: para ir de la vereda al pueblo necesitan más de 100 mil pesos, tienen que contar con la autorización del padre o su pareja e incluso con la aprobación moral de sus vecinos porque las pueden juzgar”

Es por esto que, a pesar de la existencia de la Sentencia C-055  de 2022 y la Resolución 051 de 2023 que reglamenta y garantiza la implementación de la misma, se siguen presentando tratos deshumanizados por parte del personal médico y la obstrucción de conciencia que solo generan una dilatación en el procedimiento y una clara situación de riesgo. En contextos rurales y comunidades tradicionales, estas dinámicas se intensifican, ya que las normas sociales suelen estar más marcadas por la religiosidad y las costumbres conservadoras, lo cual genera limitaciones para acceder a servicios e información de salud sexual y reproductiva.

Un largo camino por recorrer

En definitiva, el acceso al aborto en Colombia, refleja las profundas brechas sociales y territoriales que aún atraviesan al sistema de salud. Si bien la normativa reconoce este procedimiento como un derecho fundamental, en la práctica muchas mujeres y personas gestantes deben recorrer largas distancias y asumir costos económicos y emocionales que no les corresponden. Esta realidad evidencia que no solo se debe abordar la problematica como un tema de salud pública, sino también como una violación a los derechos humanos fundamentales que necesitan de un fortalecimiento institucional y cambios culturales para asi poder hablar de un acceso equitativo y libre de estigmas. 

El derecho a decidir sobre el propio cuerpo debe ser garantizado en igualdad de condiciones para todas, todos y todes sin importar el lugar de residencia, la condición social o la pertenencia étnica. Es por esto que fechas como el 28S (Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito) nos recuerdan que aun debemos seguir alzando nuestras voces y uniendo nuestras acciones, para que el aborto sea un derecho y no un privilegio.