Hace veinte años, Colombia dio un paso histórico que transformó la vida de millones de mujeres en Colombia, el marco legal dejó de criminalizar por abortar y empezó a reconocer como sujetas de derechos. La sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional no surgió de la nada ni fue una concesión espontánea del Estado. Fue el resultado de décadas de lucha feminista, de debates jurídicos intensos y de la resistencia de miles de mujeres que se negaron a seguir siendo condenadas por decidir sobre sus cuerpos.
Hoy, cuando se cumplen dos décadas de ese fallo, vale la pena recordar de dónde veníamos. Porque la memoria también es una forma de defender los derechos conquistados.
Una mirada al pasado
En los años noventa, el aborto en Colombia era un delito absoluto. No importaba si el embarazo era consecuencia de una violación, si ponía en riesgo la vida de la mujer o si el feto tenía malformaciones incompatibles con la vida. El Código Penal imponía una lógica brutal: las mujeres debían parir sin importar en qué circunstancias o contextos se dio el embarazo.
En los noventa, los abogados Alexandre Sochandamandou y José Eurípides Parra demandaron en tres ocasiones el delito de aborto, no para proteger derechos, sino para exigir penas más severas contra las mujeres. La discusión pública estaba dominada por sectores conservadores que concebían la autonomía femenina como una amenaza moral. Pero la realidad se imponía sobre el discurso punitivo. La criminalización nunca evitó los abortos. Lo único que logró fue hacerlos clandestinos e inseguros. A comienzos de los 2000, medios y organizaciones advertían que en Colombia se practicaban alrededor de 400.000 abortos inseguros al año.
Una mujer lo cambia todo
En medio de ese contexto apareció una figura decisiva, la abogada Mónica Roa, quien el 14 de abril de 2005 presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad que cambiaría la historia jurídica y política del país. Su argumento era tan simple como revolucionario: obligar a una mujer a continuar un embarazo en cualquier circunstancia violaba sus derechos fundamentales, entre ellos la dignidad, la salud, la igualdad y la libertad.
La reacción fue feroz. La Iglesia Católica desplegó una campaña de presión sin precedentes. Compraron páginas enteras en periódicos nacionales con imágenes de fetos agonizantes y mensajes apocalípticos sobre la “destrucción de la familia”. En colegios católicos, cientos de niños y niñas fueron obligados a escribir cartas dirigidas a la Corte Constitucional pidiendo que no se despenalizara el aborto. Se construyó una atmósfera de miedo moral en la que cualquier defensa de los derechos reproductivos era presentada como una amenaza contra la sociedad misma.
Sin embargo, pese a las presiones políticas y religiosas, la Corte tomó una decisión histórica. El 10 de mayo de 2006 publicó el comunicado de prensa de la sentencia C-355 y despenalizó el aborto en tres circunstancias específicas: cuando el embarazo representara un riesgo para la vida o la salud de la mujer, cuando fuera producto de violación o incesto y cuando existiera malformación fetal incompatible con la vida.
Aquella decisión marcó un antes y un después. Por primera vez el Estado colombiano reconocía que las mujeres no podían ser obligadas a sacrificar su vida, su salud o su dignidad en nombre de una maternidad impuesta. Fue un triunfo enorme para el movimiento feminista y para los derechos humanos en el país.
Una lucha que no terminaba
La lucha continuó. Hospitales se negaban a practicar abortos amparándose en objeciones de conciencia institucionales, jueces y fiscales seguían criminalizando a mujeres pobres, médicos promovian barreras sin fundamento legal. Entre 2006 y 2020, alrededor de 5.600 denuncias por el delito de aborto fueron procesadas en Colombia. Miles de mujeres siguieron enfrentando el miedo a la cárcel incluso cuando tenían derecho legal a interrumpir su embarazo. La criminalización parcial demostró sus límites.
Por eso el movimiento feminista no se detuvo. En 2022, gracias a una demanda impulsada por el movimiento Causa Justa, la Corte Constitucional volvió a hacer historia mediante la sentencia C-055. Esta vez decidió despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación. La decisión convirtió a Colombia en uno de los países más avanzados de América Latina en materia de derechos reproductivos y reconoció algo fundamental: el aborto no puede seguir siendo tratado como un asunto criminal.
Ese avance es el resultado de años de movilización social, legal y digital. De mujeres que acompañaron abortos inseguros cuando el Estado las perseguía. De activistas que enfrentaron amenazas y estigmatización. De miles que salieron a marchar exigiendo autonomía y justicia reproductiva. Por eso esta conmemoración no es solamente jurídica. Es profundamente política.
Recordar estos veinte años es celebrar la posibilidad de decidir. Que ninguna mujer ni persona gestante debe ser obligada a maternar en contra su voluntad. La consigna sigue intacta y más vigente que nunca: la maternidad será deseada o no será.
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